El Internet de las Cosas y la vulnerabilidad de los datos

Internet no es un territorio exclusivo del ser humano. Los objetos físicos –vehículos, máquinas, electrodomésticos y demás– son cada día más capaces de conectarse entre ellos y también a la red, permitiéndoles crear, intercambiar o consumir información con la mínima participación humana.

Es lo que se llama Internet de las Cosas (IoT), y aunque muchos anuncian que se convertirá en la próxima revolución en nuestras vidas, su puesta a punto despierta muchas dudas, especialmente de carácter legal.

El smartphone fue el primero en llegar, y su irrupción puso patas arriba nuestra manera de vivir al conectarnos a Internet las 24 horas del día desde cualquier lugar. Una ventaja que saltó a otros sectores como el industrial, que hoy se beneficia de la red para vigilar su maquinaria a distancia, hacer mantenimiento predictivo de los equipos o mejorar la trazabilidad de los productos.

Una fuerza imparable que se irá diversificando con el tiempo y permitirá, por ejemplo, que nuestras neveras inteligentes detecten la evolución de consumo de nuestros alimentos y realicen por sí mismas los encargos a proveedores virtuales para que nunca falte nada.

Pero además de las ventajas que supondrá para nuestras vidas, el Internet de las Cosas impulsará la economía de innumerables maneras y mejorará todo tipo de procesos. Y todo ello con la información como principal riqueza, por su capacidad para captar un dato en bruto y convertirlo en información inteligente y explotable.

Y no un único dato, sino una infinidad de ellos como volumen exponencial de los millones de dispositivos conectados a Internet. Datos que habrá que almacenar, securizar y restituir para diversos usos.

Pero, ¿qué problemas y suspicacias levanta ya el Internet de las Cosas?

1. Falta de ciberseguridad. Todavía está por generalizar el principio de Security by Design, es decir, que a la hora de diseñar el dispositivo conectado a Internet (como una pulsera de monitorización de actividad, una cámara de videovigilancia o un sistema de calefacción de una casa) no se tiene como aspecto prioritario la seguridad. De hecho hay estudios que demuestran que es posible introducirse en la Red Doméstica del hogar conectado por WIFI a través del sistema de bombillas inteligentes. Con los datos extraídos se puede predecir cuándo estará la familia en casa y cuándo no, lo que podría poner en peligro la seguridad de nuestros bienes, la nuestra propia, si tal información se utiliza con fines maliciosos.

2. Pérdida de privacidad y protección de datos. Tampoco se encuentra extendido todavía el principio de Privacy by Design, esto es, tener presente la privacidad de las personas cuando se desarrolla el software de un dispositivo. A través de wearables, SmartTVs o los sistemas de navegación de los coches con acceso a Internet se recopilan numerosos datos personales. Sin unas políticas de estricto respeto a la intimidad de las personas, toda esta información podría ser utilizada con una finalidad distinta para la que fue obtenida, lo que podría suponer una intromisión en los derechos a la intimidad y a la protección de datos de sus usuarios como, por ejemplo, que un tercero conozca el estado de salud de otra persona y lo utilice en su contra, el espionaje de conversaciones confidenciales o comprometidas o la vulneración de la intimidad de alguien conociendo el punto exacto en el que se encuentra a través del GPS del coche.

3. Control remoto no consentido. La falta de conocimiento de lo que implica “estar conectado a Internet” supone que no se sea consciente del todo de lo vulnerables que pueden llegar a ser los dispositivos que tenemos conectados a la Red y que transmiten nuestra información. Una autentificación pobre por defecto y no cambiar las contraseñas suelen ser unas de las principales debilidades. Y esto puede dar lugar a situaciones como que se manipule el gasto energético (controlando el sistema de calefacción de la casa), se produzcan daños en aparatos electrónicos (manipulando su funcionamiento desde el panel de control) o la extracción de información sobre hábitos personales (accediendo a los datos de un wearable).

4. Necesidad de adecuación a la normativa de cada país y adopción de estándares. Por su parte, aquellas empresas que quieran utilizar soluciones IoTs tendrán que adecuar los dispositivos a la normativa de cada país que les sea de aplicación, adoptar estándares y respetar en todo caso las normativas sobre privacidad, protección de datos y seguridad de la información.

5. Ciberofensiva industrial. Cada vez se apuesta más por las llamadas “fábricas inteligentes”, la industria 4.0 o las ciberindustrias por las ventajas que suponen. Sin embargo, no poder invertir en un sistema de ciberseguridad fuerte podría suponer el acceso no autorizado a la Red de la ciberfábrica y modificar los procesos industriales, lo que puede tener consecuencias catastróficas si, por ejemplo, a través de dicho acceso se consiguiera paralizar la producción energética de un país.

Cada uno de estos puntos pone de manifiesto la necesidad urgente de sentar unas bases sólidas en el Internet de las Cosas que sirvan de garantía para los humanos. Y es que nuestros derechos y la seguridad de nuestros datos no pueden terminar donde comienza la conectividad de las máquinas. Un proceso muy complejo en donde el ciberderecho debería ser protagonista.

No somos nadie: el problema del anonimato en Internet

En un mundo profundamente normativo como el nuestro, donde el campo de acción de la libertad parece cada vez más reducido frente al empuje de todo tipo de normas (legales, sociales, fiscales…), Internet es para muchos ese lugar de recreo donde actuar sin límites.

Una disociación voluntaria de la personalidad que permite al usuario, a través de un avatar en la red, hacer y deshacer de manera completamente anónima y, por lo tanto, impune.

Pero ese anonimato es posiblemente la causa más frecuente de numerosos ciberproblemas que sí tienen consecuencias en nuestra vida real y que difícilmente se pueden perseguir hoy en día.

Las herramientas actuales y la forma en la que Internet está configurado hace que sea posible navegar por el 90% de las páginas web sin dejar un rastro que permita identificar de dónde procedemos o quién se esconde tras el dispositivo que navega y realiza acciones.

Y si bien es cierto que de un tiempo a esta parte han surgido elementos que desafían esta característica –como la necesidad de identificarse al realizar trámites con la Administración Pública en España introduciendo el DNI–, la única forma de seguir cualquier rastro nos remite a la dirección IP de la máquina, donde los proveedores de servicios (ISP) pueden llegar a identificar un lugar físico en un territorio como el origen de ciertas comunicaciones, siempre y cuando exista una orden judicial para investigarlo.

El tema del anonimato lleva presente muchos años en los principales foros de discusión acerca de Internet, con debates tales como la privacidad frente a la inseguridad, o el control frente a la libertad de expresión.

Pero hoy las cifras son lo suficientemente alarmantes como para darle un nuevo giro a la situación, con más de 80.000 delitos informáticos registrados al año en España y amenazas cada vez más comunes como el ciberacoso, las ciberextorsiones, la suplantación de identidad o el robo de dinero virtual. Y eso por no hablar de los derechos en jaque en el mundo virtual como la integridad moral, el honor, la intimidad, la privacidad de datos personales, la propiedad de bienes inmateriales, el secreto de las comunicaciones, la libertad y la paz social.

En ese contexto la supresión del anonimato en Internet parece inevitable si queremos lograr una convivencia pacífica entre usuarios, ciberogranizaciones y Estados.

Una solución viable sería abordar la creación de un sistema de identificación digital de personas que funcionase como matrículas o DNIs digitales.

Un código alfanumérico único e intransferible para cada persona que se integraría en el conjunto de protocolos de comunicación de Internet de forma que no fuera posible el acceso a la red sin contar con él.

Esta propuesta transformaría el conjunto de protocolos de conexión a Internet, pasando de TCP/IP a TCP/IP/ID, y lo más sencillo para su asignación, gestión y control sería hacer responsable de ellos a los Registros Civiles de cada Estado o ayuntamiento, que al igual que con los Números de Identificación Nacionales, podrían gestionarlo de forma centralizada.

De esta forma cada usuario que deseara conectarse a Internet tendría que hacerlo a través de su DNI Digital, y eso permitiría seguir su rastro en cada uno de sus actos y comportamientos virtuales. Un paso decisivo si queremos conseguir que nadie vuelva a beneficiarse de la ciberimpunidad que actualmente garantiza el anonimato en Internet.

Macron y Trudeau contra la red de mentiras

La nueva era digital ha cambiado por completo la tipología de la información, y ahora una mentira puede viajar en un segundo a través del planeta con un problema añadido: hoy es el receptor el que debe dilucidar su veracidad. Algo que contrasta con el modelo tradicional informativo, en el que el periodista tenía la obligación de verificar los hechos y comparar los distintos puntos de vista garantizando una comunicación fidedigna.

Esta nueva ‘bacteria’ desinformativa ha sido bautizada como fake news, y ha irrumpido en las agendas de numerosos líderes políticos estas últimas fechas al comprender que se trata de un problema de máxima preocupación entre sus ciudadanos.

Así nos lo han hecho saber hace sólo unos días mandatarios mundiales como el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron, que han defendido a través de una carta en la prensa la necesidad de proteger el acceso a una información independiente, plural y basada en los hechos.

“La desinformación masiva en Internet aumenta y trata de orientar los debates, e incluso intervenir en las elecciones para falsear los resultados. En todas partes, los intereses particulares siguen controlando la información y, en numerosos países, el control político de la prensa y las amenazas contra los periodistas experimentan un empeoramiento significativo”, aseguran.

Y su preocupación está justificada, ya que el canal a través del que corren estos mensajes nocivos no es otro que Internet, Territorio Comanche en lo que a legislación se refiere, y que hoy por hoy deja circular con total impunidad el flujo de mentiras.

Esto es así porque seguimos con una visión excesivamente tecnológica de la información en Internet, donde sólo existen normas destinadas a proteger a las máquinas contra los códigos maliciosos que podrían dañarlas. Un punto de vista sin duda anticuado en plena invasión de ciberbulos y fake news, que a pesar de resultar inofensivos para las máquinas atacan las mentes de los seres humanos, y por lo tanto sus ciberderechos.

Si hace unos meses era Donald Trump el que amenazaba a Google por “manipular su algoritmo” dando prioridad a las noticias negativas sobre él y su mandato, hoy Trudeau y Macron se posicionan para encontrar el modo de defenderse ante los ataques de información no fiable en Internet.

Todo un paradigma, ya que los estados tienen una completa falta de soberanía en el mundo virtual, no pudiendo regular los sucesos inmateriales que allí suceden. Pero eso no impide que busquen la manera de levantar barreras y defensas para cualquier elemento nocivo que se cuele entre sus fronteras físicas a través del universo cibernético.

Y con las fake news no les falta razón, ya que este contenido malicioso que ataca los cerebros no respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos a recibir y emitir información fiable.

Pero un gesto necesario como este puede suscitar mucha polémica entre un gran colectivo de usuarios que ven cualquier tipo de control en la red como una forma de censura y exigen que Internet permanezca completamente libre.

Una visión inocente de la situación, ya que frente a contenidos maliciosos que perjudican la salud mental y la integridad moral del usuario debe imponerse una regulación amparada por las leyes y los jueces según las reglas de un estado democrático de derecho. Y quienes digan que es censara: ¿acaso les parece extraño que en Netflix no se emita pornografía infantil ni veamos cómo degollan a una persona en directo?

Mi opinión es clara: dejemos que el estado tenga la legitimidad que le da el pueblo para decidir aquello que desean recibir y no recibir los ciudadanos en su país a través de Internet.

En las islas virtuales el tuerto es el juez

Desde la aparición de Internet en nuestras vidas allá por 1983, el vasto territorio virtual se ha ido poblando a una velocidad de vértigo. Y aunque el mapa de este nuevo universo nos pueda parecer abstracto, las diferencias con el mundo real están muy claras.

Un individuo que entra en un país se somete automáticamente a las leyes de su territorio, pero como el ciberespacio carece de espacio físico, el Principio de Territorialidad no puede aplicarse en él. Por ello en Internet no existe un poder legislativo que promulgue leyes de obligado cumplimiento –ya que no existen territorios diferenciados que regular–, ni tampoco uno que dicte normas para todo el ciberespacio y sus usuarios de una manera uniforme y total.

Internet no ha sido declarado como bien o lugar público, y por ello los gobiernos no tienen soberanía alguna. En su lugar los grandes sitios y lugares virtuales como Facebook (2.196 millones de usuarios), Youtube (1.900 millones de usuarios) o Instagram (1.000 millones de usuarios) se han formado como verdaderas islas o enormes ciberestados gobernados por normas de carácter privado.

Al entrar en cada uno de ellos, los ciberciudadanos aceptan voluntariamente, pero sin gran conocimiento, las condiciones que fijan sus reglas de convivencia. Y suele ocurrir que un internauta, en un corto intervalo de tiempo y sin saberlo, visite en el ciberespacio dos lugares con reglas completamente antagónicas.

Eso provoca una paradoja de ciberlimbo legal: y es que en situaciones de un mismo conflicto –por ejemplo, la publicación de contenido intimo, sexual o información falsa (fake news)– unas islas permitirán dicha publicación y otras la prohibirán calificando el contenido como malicioso.

En ambas visitas subyacerá un nuevo principio jurídico que yo llamaría Principio de Virtualidad, donde el internauta acepta las normas privadas de ese lugar al igual que ocurre cuando aterrizamos en un país extranjero, con la única gran diferencia de que un país promulga leyes públicas debatidas normalmente en un Parlamento, mientras que estas islas aprueban normas privadas sin ser negociadas por terceras partes.

Convertidas en nuevas fuentes del derecho en Internet, las ciberempresas que constituyen las islas son en muchos casos parte de los problemas que se dan en la red. Y si ellas mismas son las que dictan las reglas, es muy posible que se aprovechen de la situación y se ubiquen en una posición ventajosa frente a los internautas. De este modo interpretarán sus propias normas en función de sus intereses y el impacto reputacional que tengan entre sus usuarios.

En esa situación se plantea un dilema: ¿es ético que sean fuente de derecho las propias organizaciones inmersas en el conflicto? ¿Es justo que actúen como juez y parte y tengan la facultad y el poder de resolver los problemas sin la intervención de un tercero independiente a dicho conflicto? ¿Dónde queda la seguridad de los usuarios si la justicia no es imparcial?

En el entorno privado de las islas virtuales el tuerto (la empresa, el aristócrata al mando) es el juez. A mi entender, más tarde que temprano, estos enormes conglomerados web deberán acordar con sus clientes unas condiciones que sean justas, o de lo contrario correrán el riesgo de quedar deshabitadas. La solución pasa por resolver los ciberproblemas en la propia red, con cibernormas y cibertribunales que estén incluidos en el código o protocolo de Internet y que afecten por lo tanto a todas las ciberislas por igual.

Un caso muy similar al que ocurrirá muy pronto con los automóviles autónomos, que deberán tomar decisiones sin intervención humana basadas en la programación de un código desarrollado por seres humanos y mejorado por Inteligencia Artificial.

La creación de este código, que debería ser redactado en consenso con los ciberciudadanos, es un paso necesario para crear un entorno ético en Internet. Uno cuya justicia sea impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos independientemente de la identidad, el dinero o el poder de las partes. Una justicia imparcial como la que pretendemos tener en el mundo real.

Einstein, ¿padre del Ciberderecho?

Internet ha transformado para siempre nuestra manera de habitar el mundo. Pero también de percibirlo. Desde hace años realizamos acciones frente a nuestras pantallas que escapan a cualquier lugar concreto. Nos parecen invisibles, mudas, completamente asépticas… y sin embargo existen y tienen trascendencia en nuestra vida material.

Eso supone un desafío en el ámbito jurídico, donde cualquier suceso, para poder ser calificado como real, debe estar situado en un tiempo y un espacio concretos.

Pero el ciberespacio es, por definición, un “territorio” sin espacio físico, algo que rompe con todas las Leyes de la naturaleza conocidas y estudiadas en física teórica (Einstein, Newton) y cuántica (Richard Feynman). Y eso impide que se le puedan aplicar los criterios tradicionales del “mundo real” y no sea posible determinar qué normas han de aplicarse y cómo se deben administrar.

Algo particularmente problemático si tenemos en cuenta las conductas antisociales que tienen lugar en la red. Problemas como la extorsión, el robo de identidad, la ciberpornografía infantil, el ciberacoso, las fake news, el sexting, el adoctrinamiento de terroristas, los insultos y amenazas, las publicaciones de fotos inconsentidas e intimas, las estafas dinerarias, la suplantación de identidad digital, las nuevas personalidades virtuales maliciosas… Situaciones todas ellas que ponen en jaque derechos como la integridad moral, la dignidad, la libertad y seguridad, el honor y la reputación, la intimidad personal y familiar, la privacidad, el secreto de las comunicaciones, la propiedad privada de bienes inmateriales… y muchos otros.

Y es que, aunque los sucesos ocurridos en el ciberespacio sean inmateriales, no se quedan en meros pensamientos o propósitos, sino que constituyen verdaderas ciberacciones que provocan ciberconsecuencias.

¿Deben entonces quedar impunes? Por supuesto que no. Y es el papel del Ciberderecho conseguir que reciban la calificación de acciones o actos en equivalencia con los del mundo físico.

Para ello, a la hora de pensar en el ciberespacio debemos ser creativos y apoyarnos, por qué no, en normas valiosas de otras disciplinas como la Teoría de la Relatividad de Einstein.

La física clásica (Newton) está basada en que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. Un metro y un segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento, algo que parece confirmar nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein probó que espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos.

Y si no son independientes: ¿cómo es posible vivir una experiencia que no implique un espacio concreto?

Según Einstein la localización de los sucesos físicos –tanto en el tiempo como en el espacio– es relativa al estado de movimiento del observador. De este modo, si ponemos nuestros sentidos y cerebro en el centro de la experiencia de Internet, la visión del mundo virtual se transforma y las acciones son reales puesto que así las percibimos.

Los argumentos de Einstein en La Teoría de la Relatividad podrían ayudarnos a entender que los sucesos inmateriales son acciones producidas en el ciberespacio como sucesos reales. Y al igual que estos, muchos tienen trascendencia (de índole grave o muy importante), son relevantes en el mundo físico, y por ello deben ser considerados en el ámbito jurídico.

Si logramos reconocer el contexto espacial de nuestra vida en el ciberespacio seremos también capaces de crear un ancla sólida entre el mundo virtual y el mundo real, conectándonos a la ley territorial a través de nuestros pies mientras el cerebro nos conecta al ciberespacio. Una revolución sin duda necesaria para garantizar las máximas garantías legales en ese mundo hostil que es todavía Internet.

Así es un “ciberabogado”

El abogado, ese personaje imprescindible en nuestras sociedades para la resolución de conflictos, sufre una verdadera metamorfosis en el mundo cibernético.

Su primera dificultad es que en Internet no existe ningún organismo que lo habilite tal y como lo conocemos actualmente. Y aunque es cierto que entre los años 1990 y 2010 había surgido una nueva clase de abogado especializado en el derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hoy quiero referirme a otra categoría diferente: la de los nuevos abogados que están naciendo estos días para actuar directamente dentro de la propia red.

Esta nueva figura, el “ciberabogado”, tiene unas cualidades muy distintas a las de sus predecesores:

Además, estos son algunos de sus rasgos de identidad particulares que he podido constatar según mi propia experiencia:

El “ciberabogado” sesora a su cliente desde el ciberespacio.
Conoce los problemas de Internet.
Conoce las leyes territoriales donde se ubica, pero conoce mejor las normas que intentan ordenar el ciberespacio.
Desempeña dos roles, uno en su espacio físico-temporal, donde asesora a ciudadanos, organizaciones y empresas en materias TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y otro donde asesora a ciberciudadanos y ciberempresas en el nuevo entorno, con nuevos paradigmas, conflictos y normas.
Cumple de forma voluntaria normas básicas de deontología aunque no exista organismo que se lo imponga.
Ayuda a la resolución de conductas antisociales con el fin de intentar conseguir una actividad cívica y pacífica en la Red.
Realiza tareas sin intervención humana.
Automatiza tareas jurídicas que pueden ser realizadas por computación.

La ciberdemocracia de Facebook

Hace solo unos días los verdaderos dueños de Facebook –los fondos de inversión públicos estadounidenses– emitieron un comunicado animando al resto de accionistas a forzar la dimisión de Mark Zuckerberg como Presidente de su Junta Directiva.

Algo que plantea numerosas preguntas: ¿Quién ostenta el poder en Internet? ¿Se trata de un espacio democrático? ¿Pensáis que Internet os empodera?

Lamentablemente todo eso es fake.

Aunque las condiciones en las que actuamos en el Ciberespacio –con el poder del click y gobernando a solas nuestro dispositivo- nos den una engañosa impresión de control, no disponemos de poder alguno.

Y es que no somos los usuarios –ni siquiera los países ni los gobiernos– quienes poseemos la soberanía en Internet, sino las empresas y organizaciones afincadas en el Ciberespacio, tanto aquellas positivas que respetan las normas y dan la cara como las organizaciones criminales que no lo hacen. Pero, ¿cuáles son “las normas”?

Las normas son convenciones aprobadas bajo el orden de una Constitución, pero en Internet no hay ley ni Constitución.

Esto sucede porque contrariamente a las leyes del mundo real, que responden a un principio de territorialidad, en el Ciberespacio los sucesos no ocurren en un lugar espacial ni territorial concreto, sino que tienen lugar en un espacio virtual carente de materia… lo que provoca su total alegalidad.

Lo más similar a las leyes que hallamos en el Ciberespacio son las normas de carácter privado creadas por grandes sitios y lugares virtuales que se estén formando como verdaderas islas o ciberestados. Al entrar en ellas los ciberciudadanos aceptan voluntariamente -aunque sin gran conocimiento- estas condiciones que fijan sus reglas de convivencia. Y es a través del consumo del bien que ofrecen –y no con nuestro voto- como elegimos a quienes ostentan el poder.

Así llegó al poder Mark Zukerberg, cuyo ciberestado cuenta ya con más de 2.167 millones de usuarios en todo el mundo y que decide –como aristócrata de la red– qué contenidos son buenos o malos para nuestras cabezas.

Y esto es así porque el órgano que nos conecta a Internet no es el hardware en forma de smartphone u ordenador, sino nuestro cerebro biológico, un material muy sensible que es el que quieren conquistar los rusos, los chinos, e incluso Trump.

Y aunque nunca pensemos en ello, nuestro cerebro está expuesto cada día a una abundante cantidad de contenido malicioso con consecuencias reales en nuestra vida real.

Preguntémonos ahora: ¿lo que recibimos en nuestras cabezas mientras navegamos en Internet es verdad o mentira? Y, ¿es acaso real? Lo cierto es que eso no importa demasiado, ya que si creemos en algo se convierte inmediatamente en real y verdad. O como decía Morfeo: bienvenidos al mundo real.

Desde la presunta ingerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas de hace dos años, Facebook ha ido encadenando escándalos hasta el punto en que los inversores han perdido la paciencia y han pedido públicamente la cabeza de Mark Zuckerberg.

Entre la lista de pecados está el escándalo de Cambridge Analytica –en el que se filtraron datos personales de 87 millones de usuarios–, la proliferación descontrolada de fake news y hasta compartir datos con fabricantes de teléfonos como Huawei, con estrechas relaciones con el Gobierno chino.

Pero la razón principal del ataque frontal contra Zuckerberg es sin duda el tema económico: los problemas en Bolsa de Facebook que se han convertido en un problema de estado. No en vano la ciudad de Nueva York compró el pasado 31 de marzo 4,7 millones de acciones a 175,94 dólares la acción que se han depreciado hoy hasta los 153,90 dólares generando unas pérdidas de 94,6 millones de dólares.

La autoridad de Internet está en el dinero como demuestra que el ciberespacio haya sido ocupado por el poder económico de manos privadas. Pero demasiado poder por parte de un aristócrata como Zuckerberg implica un riesgo regulatorio, reputacional e incluso pone en jaque a la propia democracia.

Por eso todo apunta a que Zuckerberg tiene los días contados. Es la crónica de una dimisión anunciada: demasiado poder no es bueno para los que ostentan aún más poder.

De este modo no nos dejemos engañar: en Internet no somos ciudadanos, somos consumidores sin libertad ni poder, ya que el Ciberespacio no es un lugar público sometido a las modernas reglas de la democracia.

Y si deseamos tener algo de poder debemos comprender el nuevo mundo virtual y pelear por generar nuevas reglas del juego donde se nos tenga en cuenta. Los políticos que nos representan deben empezar a pensar en los problemas de cibersoberanía existente. Votemos, no solo compremos.

En ese contexto un arma fundamental puede ser el ciberderecho, una nueva disciplina que es sin duda la mejor herramienta para la cibervida pacífica.

Menos fake y más pensar. El conocimiento es libre, incluso gratuito. Pensemos sin sesgos: la libertad no es gratuita y debemos defenderla hasta la muerte. Por la ciberdemocracia.

Ciberseguridad: no somos máquinas

En los años 60, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió crear una red exclusivamente militar para que en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiese acceder a su información estratégica desde cualquier punto del país. Hoy, 58 años después de los orígenes de Internet, la ciberseguridad sigue enfocada en proteger la información y los sistemas y redes de comunicaciones que la tratan.

Los enemigos de las máquinas son amenazas del tipo DDOS, Phising, hacking, keylogger o malware y las de tipo exploit, que aprovechan la vulnerabilidad de tipo técnico a nivel de firmware del dispositivo y atacan a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información intercambiada entre computadoras identificadas con un número IP.

Esa visión tecnificada de la seguridad en el Ciberespacio ha llevado al legislador a crear leyes de contenido tecnológico como la Directiva NIS, la Directiva Eprivacy y la Ley Pic; y como movimiento paralelo las empresas han entendido que la protección debe recaer en sus manos y han procedido a crear equipos de informáticos dentro de su estructura que les ayuden a defender sus activos y propiedades.

Esto ha generado una industria privada de productos y servicios de ciberseguridad que hoy mueve grandes cantidades de dinero; y a la vez abre la brecha con el ciudadano medio, que se siente marginado al no entender y no contar con los medios privados para defenderse de las amenazas cibernéticas.

Y es que los equipos no son los únicos que corren peligro en el mundo virtual. Sin ir más lejos, ¿qué sucede cuando exponemos nuestros cerebros a las fake news, los ciberbulos, el sexting, el ciberacoso, las extorsiones, la falsa identidad, la pornografía infantil y hasta el robo de dinero virtual?

Ninguna de estas amenazas es de tipo tecnológico ni pueden ser defendidas por los hackers informáticos o CIRT públicos ni tampoco por los productos o soluciones privadas tendentes a proteger la DIC de los sistemas de información.

Y a esas hay que sumar vulnerabilidades de tipo personal referentes a derechos como la integridad moral, el honor, la intimidad, la privacidad de datos personales, la propiedad de bienes inmateriales, el secreto de las comunicaciones, la libertad y la paz social.

Al contrario que en la vida real, la mayoría de estas conductas antisociales no pueden perseguirse en Internet, ya que las leyes están sujetas a un principio de territorialidad que no coincide con la tipología de la red, que es un entorno privado sin espacio ni materia y en donde las únicas normas son las que los usuarios suscriben a la hora de entrar en los distintos sites.

Pero estas ciberconductas no deben quedar impunes y sus responsables deben ser perseguidos. Especialmente hoy que el Observatorio Español de Delitos Informáticos registra una explosión de estos abusos, que entre 2011 y 2017 han pasado de 37.458 a 81.307 al año.

En este contexto, una forma de asegurar los derechos del ciberciudadano puede ser que los estados recuperen la soberanía en la red convirtiéndola en un espacio público virtual regido por las mismas leyes que el mundo real.

Eso sería posible ya que el ciudadano está conectado a la ley territorial a través de sus pies y su cerebro le conecta al ciberespacio, por lo que una solución sería crear una línea de defensa entre ambas cosas y generar los mismos derechos del mundo real en el territorio virtual. De este modo, cuando un derecho fuera a ser vulnerado en Internet, el ciberciudadano podría ser defendido territorialmente.

Lo único evidente es que los tiempos han cambiado y cada vez vivimos más inmersos en el mundo virtual y más expuestos a sus amenazas. Por lo tanto, si deseamos habitar este mundo de la forma más cívica y pacífica posible, debemos apoyarnos en una disciplina nueva como el Ciberderecho y generar todos juntos herramientas que nos hagan sentir seguros.

Ciberleyes contra robots: cómo sobrevivir a la nueva IA

El futuro está aquí. Lo dicen los expertos, que anuncian que estamos a punto de asistir al despertar imparable de la robótica y la inteligencia artificial, que unidas a la biotecnología, la nanotecnología y el ciberespacio, crearán un panorama difícil de imaginar.

Si nos fijamos únicamente en las cifras, los expertos aseguran que de aquí a 20 años habrá 2.000 billones de objetos conectados en el mundo, y si la mitad de ellos puede moverse de forma autónoma, estaremos hablando de más robots que seres humanos en la Tierra.

Una revolución que podría ir más allá si científicos como Vernor Vinge y Ray Kurzell no se equivocan con su teoría de la Singularidad Tecnológica, entendida como el advenimiento hipotético de la inteligencia artificial que permitiría que un equipo de cómputo, red informática o robot fuesen capaces de automejorarse en ciclos fuera de control permitiendo a máquinas inteligentes diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes.

Un panorama más propio de la Ciencia Ficción que sin embargo ya vive sus primeros pasos con la aplicación práctica de algoritmos matemáticos que utilizan técnicas de inteligencia artificial para predecir comportamientos humanos basados en grandes cantidades de información previa.

Por poner un ejemplo Netflix utiliza algoritmos para producir películas y series de éxito. House of Cards es un claro ejemplo de ello. Y el sector jurídico innova hoy en busca de algoritmos que predigan los riesgos legales futuros o incluso anticipar la decisión de un juez ante un caso concreto.

El sector del automóvil da sus primeros pasos hacia los coches autónomos, cuya peculiaridad consiste en incorporar valores en su código de funcionamiento que podrían plantear detalles éticos.

Ejemplo: mientras un coche avanza por una autopista de dos carriles un hombre salta de un puente y va a chocar contra él. El coche circula a 66km/hora y sabe que el peligro de muerte a esa velocidad y en ese recorrido es del 90%. La alternativa sería pasarse al otro carril, pero la tecnología del coche le permite localizar la presencia de otro vehículo cercano y calcula que si da un volantazo para evitar al hombre del puente las probabilidades de impacto con ese otro coche son del 90% pero los daños que va a sufrir el coche serían únicamente del 30%.

Sin embargo el coche autónomo detecta la presencia de un niño en ese otro coche.

Para el ser humano que ha creado el código vale más la vida del niño que la del hombre del puente, e incluso su tecnología le permite localizar en las redes sociales el perfil de este último, que está aquejado de un cáncer terminal y tiene intenciones suicidas.

Ese tipo de situaciones podrían darse muy pronto, con un factor determinante: los valores programados en el código del coche no están consensuados socialmente, son reglas cifradas por un programador o un ingeniero tal vez con el beneplácito de su jefe y de su jefe con la empresa. Y teniendo un impacto tan grande en nuestras vidas, ¿no debería estar sujeto al voto de una mayoría?

Y este es únicamente el principio. En un mundo en el que todo es susceptible de ser programado, todo será susceptible por lo tanto de ser hackeado. ¿Qué ocurriría si alguien reprograma nuestro coche con efecto malicioso? ¿Qué ocurriría si además de nuestro coche se reprograman otros mil, a la misma hora y en el mismo país, con efecto malicioso? Estaríamos hablando de un nuevo tipo de violencia de masa.

Y eso sin olvidar la industria militar. Como recuerda el pensador francés Guy Philippe Goldstein, incluso los ejércitos se equipan hoy con robots y objetos conectados. La prueba de ello es que desde 2012 más del 20% de los objetos aéreos utilizados por el ejército americano son drones y pueden ser hackeados. Y sirva como prueba la escena vivida en 2011, cuando un dron centinela americano se posó en Irán creyendo aterrizar en una base americana del Golfo Pérsico. El riesgo militar ya no es hipotético. ¿Se han preguntado sino porque los misiles se siguen activando con un antiguo disquete de 8”? Por miedo a ser vulnerables con un upgrade y generar destrucción maliciosa a gran escala.

Ante este panorama, con la mayoría de dilemas y problemas encima de la mesa, ¿cuál sería la posible solución?

A mi entender, si se pretende conseguir una convivencia pacífica y unas reglas del juego claras –en definitiva, conseguir la anhelada seguridad– la solución pasa por el Ciberderecho, nueva disciplina jurídica que superará el principio territorial que impera en la mayoría de ordenamientos jurídicos para adentrarnos en el principio virtual, con la creación de cibernormas y cibertribunales.

La necesidad de profundizar todos juntos en esta nueva línea de derecho empieza a ser urgente. La nueva era está a la vuelta de la esquina, y los ciudadanos, organizaciones y estados no pueden quedarse atrás en el conocimiento de una nueva ciber-realidad que trasciende la vida tal y como se ha desarrollado en los últimos miles de años.

Trump y Google: sacar del algoritmo o meterse en el mapa

Como parte de su cruzada particular contra toda forma de oposición contra él, Donald Trump ha amenazado recientemente a Google por “amañar” su algoritmo para mostrar únicamente resultados de medios de ‘fake news’ y noticias malas sobre su gestión.

«Google y otros están suprimiendo las voces de los conservadores y escondiendo buenas informaciones y noticias”, asegura. “Están controlando lo que podemos y no podemos ver”. Y concluye: «Google, Facebook y Twitter están pisando un territorio muy, muy problemático y deben tener cuidado».

La respuesta de Google no se ha hecho esperar, con un comunicado asegurando que “no sesgamos nuestros resultados en función de una ideología política. Cada año realizamos cientos de mejoras en nuestros algoritmos para garantizar que muestran contenido de alta calidad que responda a las consultas que hacen los usuarios y nunca ‘rankeamos’ los resultados para manipular una opinión política».

En plena ebullición de esa lucha de poderes es necesario recordar que aunque Trump es presidente de la primera potencia mundial, no deja de estar supeditado a la constitución americana como el resto de ciudadanos. Algo que no sucede con Google, Facebook o Twitter, ciberestados sin territorio físico palpable que aunque tienen un impacto en nuestra vida real, actúan en un ‘mundo paralelo’.

Esa falta de territorialidad les permite ‘escapar’ a los poderes legislativos y judiciales y decidir en sus ‘islas’ lo que está bien y lo que está mal, haciendo y deshaciendo a su antojo y convirtiéndose en jueces y parte en cualquier polémica.

Y aunque muchos crean que al tratarse de compañías americanas y tener dueños ‘fisicos’ se les puede pedir que cumplan las mismas leyes que todos, ese es otro error, ya que como su actividad tiene lugar en el mundo virtual, “fuera del mapa”, sus sucesos se producen en un sitio que no existe, están deslocalizados, son alegales. ¿Por qué sino los datos de Wikileaks nunca han podido ser retirados de la red?

En ese contexto Trump se ha dado cuenta de que Google amenaza el sistema, el orden que él entiende, y su primer movimiento ha sido exigirles desaparecer de su algoritmo si no quieren sufrir un ataque directo. Y aquí es donde se produce la principal traba: para poder incluir a Google bajo el marco de la ley, para ‘meterles en el mapa’, Trump tendría que cambiar la constitución, algo que requiere un 66% de los votos antes de disolver las cámaras y volver a votar, requiriendo otro 66% posterior. Sin duda algo improbable para él en un momento en el que se hace más evidente que nunca la necesidad de discutir el problema de cibersoberanía del mundo virtual.

Sin embargo Trump sí tiene en su mano numerosas triquiñuelas que podrían herir a Google… ya sea en forma de ley reguladora, de impuestos especiales e incluso a través de alguna forma de expropiación. Amenazas a las que Google no es indiferente y que nos traen reminiscencias al encuentro reciente de otro ciberestado, Facebook, con el Senado de los Estados Unidos para tratar el robo masivo de datos de sus usuarios, y en el que el todopoderoso Zuckerberg tuvo reconocer su responsabilidad y prometió cumplir voluntariamente el reglamento europeo de protección en todos los países.

Con todas estas cartas a la vista el futuro de esta guerra parece predecible: seguramente Trump y Google negocien unas nuevas reglas del juego que podrían pasar por sacar al impopular líder del algoritmo… evitando que él quiera meterles en el mapa.

Archive: diciembre 11, 2018