En un mundo profundamente normativo como el nuestro, donde el campo de acción de la libertad parece cada vez más reducido frente al empuje de todo tipo de normas (legales, sociales, fiscales…), Internet es para muchos ese lugar de recreo donde actuar sin límites.
Una disociación voluntaria de la personalidad que permite al usuario, a través de un avatar en la red, hacer y deshacer de manera completamente anónima y, por lo tanto, impune.
Pero ese anonimato es posiblemente la causa más frecuente de numerosos ciberproblemas que sí tienen consecuencias en nuestra vida real y que difícilmente se pueden perseguir hoy en día.
Las herramientas actuales y la forma en la que Internet está configurado hace que sea posible navegar por el 90% de las páginas web sin dejar un rastro que permita identificar de dónde procedemos o quién se esconde tras el dispositivo que navega y realiza acciones.
Y si bien es cierto que de un tiempo a esta parte han surgido elementos que desafían esta característica –como la necesidad de identificarse al realizar trámites con la Administración Pública en España introduciendo el DNI–, la única forma de seguir cualquier rastro nos remite a la dirección IP de la máquina, donde los proveedores de servicios (ISP) pueden llegar a identificar un lugar físico en un territorio como el origen de ciertas comunicaciones, siempre y cuando exista una orden judicial para investigarlo.
El tema del anonimato lleva presente muchos años en los principales foros de discusión acerca de Internet, con debates tales como la privacidad frente a la inseguridad, o el control frente a la libertad de expresión.
Pero hoy las cifras son lo suficientemente alarmantes como para darle un nuevo giro a la situación, con más de 80.000 delitos informáticos registrados al año en España y amenazas cada vez más comunes como el ciberacoso, las ciberextorsiones, la suplantación de identidad o el robo de dinero virtual. Y eso por no hablar de los derechos en jaque en el mundo virtual como la integridad moral, el honor, la intimidad, la privacidad de datos personales, la propiedad de bienes inmateriales, el secreto de las comunicaciones, la libertad y la paz social.
En ese contexto la supresión del anonimato en Internet parece inevitable si queremos lograr una convivencia pacífica entre usuarios, ciberogranizaciones y Estados.
Una solución viable sería abordar la creación de un sistema de identificación digital de personas que funcionase como matrículas o DNIs digitales.
Un código alfanumérico único e intransferible para cada persona que se integraría en el conjunto de protocolos de comunicación de Internet de forma que no fuera posible el acceso a la red sin contar con él.
Esta propuesta transformaría el conjunto de protocolos de conexión a Internet, pasando de TCP/IP a TCP/IP/ID, y lo más sencillo para su asignación, gestión y control sería hacer responsable de ellos a los Registros Civiles de cada Estado o ayuntamiento, que al igual que con los Números de Identificación Nacionales, podrían gestionarlo de forma centralizada.
De esta forma cada usuario que deseara conectarse a Internet tendría que hacerlo a través de su DNI Digital, y eso permitiría seguir su rastro en cada uno de sus actos y comportamientos virtuales. Un paso decisivo si queremos conseguir que nadie vuelva a beneficiarse de la ciberimpunidad que actualmente garantiza el anonimato en Internet.
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