En los años 60, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió crear una red exclusivamente militar para que en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiese acceder a su información estratégica desde cualquier punto del país. Hoy, 58 años después de los orígenes de Internet, la ciberseguridad sigue enfocada en proteger la información y los sistemas y redes de comunicaciones que la tratan.
Los enemigos de las máquinas son amenazas del tipo DDOS, Phising, hacking, keylogger o malware y las de tipo exploit, que aprovechan la vulnerabilidad de tipo técnico a nivel de firmware del dispositivo y atacan a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información intercambiada entre computadoras identificadas con un número IP.
Esa visión tecnificada de la seguridad en el Ciberespacio ha llevado al legislador a crear leyes de contenido tecnológico como la Directiva NIS, la Directiva Eprivacy y la Ley Pic; y como movimiento paralelo las empresas han entendido que la protección debe recaer en sus manos y han procedido a crear equipos de informáticos dentro de su estructura que les ayuden a defender sus activos y propiedades.
Esto ha generado una industria privada de productos y servicios de ciberseguridad que hoy mueve grandes cantidades de dinero; y a la vez abre la brecha con el ciudadano medio, que se siente marginado al no entender y no contar con los medios privados para defenderse de las amenazas cibernéticas.
Y es que los equipos no son los únicos que corren peligro en el mundo virtual. Sin ir más lejos, ¿qué sucede cuando exponemos nuestros cerebros a las fake news, los ciberbulos, el sexting, el ciberacoso, las extorsiones, la falsa identidad, la pornografía infantil y hasta el robo de dinero virtual?
Ninguna de estas amenazas es de tipo tecnológico ni pueden ser defendidas por los hackers informáticos o CIRT públicos ni tampoco por los productos o soluciones privadas tendentes a proteger la DIC de los sistemas de información.
Y a esas hay que sumar vulnerabilidades de tipo personal referentes a derechos como la integridad moral, el honor, la intimidad, la privacidad de datos personales, la propiedad de bienes inmateriales, el secreto de las comunicaciones, la libertad y la paz social.
Al contrario que en la vida real, la mayoría de estas conductas antisociales no pueden perseguirse en Internet, ya que las leyes están sujetas a un principio de territorialidad que no coincide con la tipología de la red, que es un entorno privado sin espacio ni materia y en donde las únicas normas son las que los usuarios suscriben a la hora de entrar en los distintos sites.
Pero estas ciberconductas no deben quedar impunes y sus responsables deben ser perseguidos. Especialmente hoy que el Observatorio Español de Delitos Informáticos registra una explosión de estos abusos, que entre 2011 y 2017 han pasado de 37.458 a 81.307 al año.
En este contexto, una forma de asegurar los derechos del ciberciudadano puede ser que los estados recuperen la soberanía en la red convirtiéndola en un espacio público virtual regido por las mismas leyes que el mundo real.
Eso sería posible ya que el ciudadano está conectado a la ley territorial a través de sus pies y su cerebro le conecta al ciberespacio, por lo que una solución sería crear una línea de defensa entre ambas cosas y generar los mismos derechos del mundo real en el territorio virtual. De este modo, cuando un derecho fuera a ser vulnerado en Internet, el ciberciudadano podría ser defendido territorialmente.
Lo único evidente es que los tiempos han cambiado y cada vez vivimos más inmersos en el mundo virtual y más expuestos a sus amenazas. Por lo tanto, si deseamos habitar este mundo de la forma más cívica y pacífica posible, debemos apoyarnos en una disciplina nueva como el Ciberderecho y generar todos juntos herramientas que nos hagan sentir seguros.
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