Aquí la ponencia “la aplicación de la IA en el compliance”, donde comparto una experiencia personal cuándo “un libro se cayó delante de mí en una biblioteca donde estaba, cogí el libro, lo leí y me cambió la forma de entender la realidad”.
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Desde la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas de hace cuatro años, Facebook ha ido encadenando escándalos hasta el punto en que los inversores están perdiendo la paciencia y el gobierno norteamericano está pidiendo explicaciones a Mark Zuckerberg.
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Esta práctica amoral por parte de Facebook plantea numerosas preguntas: ¿Quién ostenta el poder en Internet? ¿Se trata de un espacio democrático donde se respetan los derechos ciudadanos? ¿Pensáis que Internet empodera al ciudadano que es libre de navegar por donde quiera?
Lamentablemente todo lo que pensamos puede ser una gran mentira.
Aunque las condiciones en las que actuamos en el Ciberespacio –con el poder del click y gobernando a solas nuestro dispositivo- nos den una engañosa impresión de control, no disponemos de tanto poder.
Y es que no somos los usuarios –ni siquiera los países ni los gobiernos– quienes poseemos la soberanía en Internet, sino que son las empresas y organizaciones afincadas en el Ciberespacio, tanto aquellas legitimas que respetan las normas como las organizaciones poco éticas, las que poseen el poder soberano de lo que allí sucede.
Y lo que sucede en Facebook, ¿quien interpreta si es ético e incluso legal?
En el siglo XX, las normas del mundo físico y terrenal eran convenciones aprobadas mayoritariamente bajo el orden de una Constitución y un sistema jurídico aprobado mediante un parlamento democrático. Pero actualmente en Internet no hay Ley, Constitución o poder judicial.
Esto sucede así porque contrariamente a las leyes del mundo físico real, que responden a un principio de territorialidad, en el Ciberespacio los sucesos no ocurren en un lugar espacial ni territorial concreto, sino que tienen lugar en un espacio virtual carente de materia… lo que provoca un gran problema de alegalidad y de inseguridad jurídica.
Se podría decir siguiendo al filósofo Markus Gabriel que la existencia de Internet es un nuevo objeto a estudiar en un mundo inexistente.
Lo más similar a las leyes que hallamos en el Ciberespacio son las normas de carácter privado creadas por grandes sitios y lugares virtuales que se están formando como verdaderas islas o ciberestados. Al entrar en ellas los ciberciudadanos aceptan voluntariamente -aunque sin gran conocimiento- estas condiciones que fijan sus reglas de convivencia. Y es a través del consumo del bien que ofrecen –y no con nuestro voto- como elegimos quienes ostentan el poder. En Internet no somos ciudadanos libres que votamos unas normas sino consumidores de información procesada.
El poder de Mark Zukerberg, reside en que su ciberestado cuenta con más de 2.167 millones de usuarios en su mundo y es él quien decide –como Rey de su red social– qué contenidos son buenos o malos para nuestras cabezas.
Y esto es así porque el órgano que nos conecta a Internet no es el hardware en forma de smartphone u ordenador, sino nuestro cerebro biológico, un material muy sensible y ese es el objeto a conquistar por parte de los reyes de internet, la mente de cada individuo conectado.
Y aunque nunca pensemos en ello, nuestro cerebro está expuesto cada día a una abundante cantidad de contenido malicioso y ultraprocesado por la gran fábrica Facebook, que llena pero no alimenta nuestras mentes.
Pero demasiado poder por parte de un aristócrata o Rey Midas implica un riesgo regulatorio, reputacional e incluso pone en jaque a la propia democracia americana y mundial.
Por eso, todo apunta a que el Rey Zuckerberg deberá abdicar en un futuro próximo.
Abramos los ojos, en Internet no somos ciudadanos sino consumidores con una libertad y poder limitado a nuestro consumo, ya que el Ciberespacio no es un lugar público sometido a las modernas reglas de la democracia.
Y si realmente deseamos tener algo de poder debemos comprender el nuevo mundo virtual y defender la aprobación de nuevas reglas de juego donde se nos tenga más en cuenta. Los políticos que nos representan deben empezar a pensar en los problemas de cibersoberanía existente. Votemos, no solo compremos.
Poco a poco algunos Estados democráticos van dando pasos para obtener poder en Internet, como por ejemplo España, que desde finales de 2018 declara en el art. 79 de su Ley Orgánica de Protección de Datos que «los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet», situación que se refuerza también en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, pero aún así todavía faltan los tribunales y un sistema similar al del mundo físico en la red, para separar el poder legislativo del poder judicial.
Al principio del confinamiento pensé que la medida de estar en casa suponía un precio demasiado caro para mi vida en libertad. Pero curiosamente, estos 60 días encerrado han supuesto el lugar ideal para percibir una nueva normalidad.
Y lo más irónico ha sido que mi liberación física y mental ha sido percibida tras cortos paseos cruzando la mismas “puertas” y apoyado en las mismas “ventanas”.
Esas barreras que separaban la corta visión interior de mi casa con la amplia realidad de la sociedad de fuera. Y darme cuenta de que nos acecha una amenaza más peligrosa aún que el famoso patógeno. Este nuevo peligro, igual de invisible para la sociedad, en forma de grandes corporaciones con vestimenta de fundaciones que intentan secuestrar nuestra convivencia en libertad a cambio de un módico precio.
El precio de comprobar como nuestros representantes democráticos llaman a sus puertas suplicando donar la cantidad de 7.500 millones de euros de dinero público de nuestras casas, a través de un instrumento llamado Conferencia de Donantes, para ir a parar a otra gran casa fundada con mejores ventanas y puertas originales.
Al menos me quedará el consuelo de saber que la gran mentira “fake news” está ahí fuera amenazándome, pero no conseguirá entrar, salvo que le abra voluntariamente las puertas de mi casa.
Y como dramaturgo del desenlace de esta representación teatral titulada “el peligroso patógeno casero” concluiré diciendo que la investigación, tratamiento y la vacuna no será gratuita, aunque pretendan enviármela en un bonito paquete-regalo. No quiero regalos de personas y corporaciones en las que no confío.
The End
Estamos siendo partícipes de una crisis sin precedentes. En situaciones de crisis, es difícil, debido a varios sesgos y emociones psicológicas (miedo y bondad) discernir la realidad de lo sucedido.
En el mundo de los riesgos subyace un problema de incertidumbre futura compleja de determinar.
En este sentido, analicemos como la propia OMS evalúa una pandemia, de acuerdo a su propia guía denominada PISA y como deben también hacerlo los estados miembros, entre ellos, España.
El RSI proporciona el marco jurídico de aplicación, para la gestión de riesgos sanitarios graves.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA GRIPE PANDÉMICA
La pandemia o gripe aviar en 2009 puso de manifiesto que la OMS y los estados miembros, entre ellos España, no contaban con un método sólido y normalizado para evaluar la gravedad de una pandemia de gripe.
En 2011, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó un informe del Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) en relación con la pandemia de gripe aviar.
El marco para definir la gravedad de una pandemia de gripe, según la propia OMS, debe realizarse en función de tres indicadores: transmisión, gravedad de la enfermedad e impacto.
En marzo de 2017 se alentó a que los estados miembros empezaran a aplicarlo.
Cuando se declara una pandemia, el tiempo y los recursos son limitados.
La gravedad de una pandemia debe declararse teniendo en cuenta tres indicadores:
LA GESTIÓN DE LA CRISIS ANTE UNA PANDEMIA
La fase de gestión de la crisis también requiere planificación previa, para en la propia fase pandémica no improvisar las medias sanitarias, organizativas y jurídicas a implantar.
En concreto, en la Guia OMS del año 2017 se ponen de manifiesto las siguientes orientaciones:
Esta guía se elaboró de acuerdo con el marco jurídico establecido en el Reglamento Internacional Sanitario (RSI)
Según el RSI, las medidas sanitarias ante una pandemia deberían limitarse a las que sean proporcionadas y restringidas a los riesgos de salud pública y que al mismo tiempo eviten las interferencias innecesarias con el tráfico y comercio internacionales.
Las fases mundiales son la interpandémica, de alerta, pandémica y de transición. Y las evaluaciones deben realizarse con anterioridad a declararlas.
La responsabilidad de declarar una pandemia recae en el Director General de la OMS, según el artículo 12 del RSI.
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Los objetivos de una gestión de riesgos sanitarios en una emergencia (GRSSE) son:
La ética en la gestión de una pandemia entraña la toma de decisiones que exigen equilibrar intereses individuales y comunitarios que pueden ser incompatibles. Por ejemplo, los servicios indispensables pueden sufrir una sobrecarga que obligue a centrar la atención en casos prioritarios.
La propia OMS define las medidas que limiten los derechos deben ser necesarias, razonables, proporcionales, equitativas, no discriminatorias y compatibles con las leyes nacionales e internacionales.
OPINIÓN JURÍDICA
Las siguientes medidas, exigidas por el RSI, no se han cumplido:
A mi entender, la improvisación y no haber tenido en cuenta al sector civil y comercial son medidas erróneas e ineficaces.
El paso del tiempo y la comparación con medidas no limitativas de derechos y libertades que adopten otros países, que hayan planificado la crisis, delimitará las responsabilidades, del gobierno español y de la OMS, que no han demostrado, anticipar, gestionar y dar respuesta a la solución del problema.
Por todo ello, concluyo que la aprobación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, es ineficiente y de dudosa legalidad, por no cumplir los requisitos exigidos en el marco normativo aplicable.
Estamos siendo partícipes de una mentira y un gran bulo.
El estado de alarma está fundamentado en la declaración de pandemia internacional definido por la OMS.
Veamos como calcula este organismo dicha pandemia y comparémosla con la fórmula del cálculo de riesgo matemática.
La OMS delimita que, cuando existe una alta tasa de infección o amenaza y esta traspasa continentes, se declare la infección como pandemia.
Al parecer, olvida dos indicadores o componentes de la fórmula, la tasa de mortalidad y el número de personas vulnerables a la infección.
Cabe destacar que el correcto cálculo de riesgo es el siguiente:
Por alguna razón, en el año 2009 y a raíz de la gripe aviar, se eliminó de la ecuación, dos componentes de gran importancia; la vulnerabilidad y la mortalidad.
Además, algunos datos e indicadores a día de hoy, comparados con datos estacionales de 2019, en España, clarifican aún más la situación. El año pasado a raíz de la gripe estacional o común, se infectaron en España 500.000 personas, de las cuales fallecieron 6.300 al arrastar enfermedades crónicas y respiratorias.
Actualmente, en España el número de infectados es de 6.400 y fallecidos 193.
En china después de unos meses de coronavirus el número de infectados es de 81.058 y fallecidos 3.204.
¿cómo se calcula el riesgo actual?
La probabilidad actual se calcula multiplicando la tasa de infección que podríamos numerarla con un 9 sobre 10 y la tasa de personas vulnerables, que es menor a un 20 por cien, es decir un 2 sobre 10. Si se multiplica 9 x 2 la probabilidad es de un 18 por cien, y este porcentaje en términos de riesgo es BAJO.
Conclusión
Por tanto, el riesgo de salud por causas del coronavirus es bajo.
Además, el antecedente chino y sus números indican que objetivamente el impacto o mortalidad sobre su población total es ínfima, de un 0,0002 por cien.
Queja
Por todos estos motivos, a mi entender y como experto en asuntos de seguridad nacional, no se dan las circunstancias objetivas de pandemia y riesgo de salud pública.
Como a raíz de esta declaración excepcional se limitan derechos humanos como la libertad de movimiento, de empresa y otros muchos, es interpuesto la siguiente queja al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional solicitando la inconstitucionalidad del Real Decreto 463/2020.
Pronóstico
Me atrevo a vaticinar, en base a la ciencia, un pronóstico:
“van a fallecer muchas menos personas que el año pasado por motivo de la gripe común. Y ello no será debido a las medidas de confinamiento, ya que la tasa de otros países que no tomarán estas medidas (Inglaterra) también será mas baja que sus datos de gripe estacional del año anterior.”
El impacto de esta declaración y su pandemia no será en forma de vidas humanas, sino que morirán muchas organizaciones, pymes y autónomos y su impacto económico será desastroso.
Además, también me atrevo a vaticinar que al igual que la crisis de la gripe aviar, la compra de vacunas está muy cerca y la pagaremos todos nosotros.
El asalto al poder ya se ha producido y no nos hemos dados cuenta¡¡
Por último, la democracia y sus poderes están al servicio del pueblo y no al servicio de sus acreedores económicos que quieren cobrar, lo cuál es legítimo, pero no a consta del miedo colectivo y en base a un infundado temor a la muerte. Todo es un gran bulo y nosotros nos lo hemos tragado, como la comida basura, pero ahora en forma de información basura.
Como dice mi mujer la vida es de los valientes y no es más heroico quien lucha contra un enemigo invisible e inexistente, sino el que habla cuando la evidencia científica es evidente.
FaceApp es una aplicación para móviles que retoca las imágenes de los usuarios: envejece o rejuvenece las caras, las blanquea, pone una sonrisa a quien está serio, e incluso cambia el género de la persona que aparezca en la foto.
La aplicación se lanzó en Enero de 2017, y no hace nada nuevo que no hagan ya cientos de aplicaciones en todo el mundo, pero se ha hecho viral estas últimas semanas debido a 2 motivos:
Los servidores de FaceApp se encuentran en Rusia (fuera del control del RGPD) y la política de privacidad indica que los datos pueden ser cedidos a terceros y el usuario puede perder el control de la propia imagen, y aunque la empresa ha emitido un comunicado por el que se defiende de las críticas, sigue estando en el punto de mira de los expertos, que no dejan de pedir a los usuarios que dejen de utilizarla.
De hecho en el senado de EEUU, ya se han registrado solicitudes al FBI y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que inicien una investigación «por motivos de seguridad y privacidad» en ese país.
Lo cierto es que ante una situación así, los gobiernos como el de EEUU no tienen poder para poder frenar la llegada de FaceApp o cambiar sus reglas de juego, porque FaceApp es una aplicación que se encuentra en internet, y la mayoría de los Estados en internet no tienen soberanía.
Poco a poco algunos Estados van dando pasos para obtener poder en Internet, como por ejemplo España, que desde finales de 2018 declara en el art. 79 de su Ley Orgánica de Protección de Datos que «los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet», situación que se refuerza también en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, pero aún así todavía faltan los tribunales y un sistema similar al del mundo físico en la red.
Internet no ha sido declarado como bien o lugar público, en su lugar los grandes sitios y lugares virtuales como FaceApp, Facebook, Youtube o Instagram se han formado como verdaderas islas o enormes ciberestados gobernados por normas de carácter privado.
Convertidas en nuevas fuentes del derecho en Internet, las ciberempresas que constituyen las islas son en muchos casos parte de los problemas que se dan en la red. Y si ellas mismas son las que dictan las reglas, es muy posible que se aprovechen de la situación y se ubiquen en una posición ventajosa frente a los internautas. De este modo interpretarán sus propias normas en función de sus intereses y el impacto reputacional que tengan entre sus usuarios.
Al usar la app, e introducirse en cada isla, el internauta acepta las normas privadas de ese lugar (como por ejemplo la cesión de sus imágenes) al igual que ocurre cuando aterrizamos en un país extranjero, con la única gran diferencia de que un país promulga leyes públicas debatidas normalmente en un Parlamento, mientras que estas islas aprueban normas privadas sin ser negociadas por terceras partes.
Si surge un problema, como por ejemplo el abuso de posición de poder de la App, el único juez que puede decidir sobre las reglas de juego es la propia empresa que controla la aplicación. En esa situación se plantea un dilema: ¿es ético que sean fuente de derecho las propias organizaciones inmersas en el conflicto? ¿Es justo que actúen como juez y parte y tengan la facultad y el poder de resolver los problemas sin la intervención de un tercero independiente a dicho conflicto? ¿Dónde queda la seguridad de los usuarios si la justicia no es imparcial?
El caso de FaceApp no es más que otro caso donde se demuestra que las leyes, los Estados y los tribunales se deberán adaptar a las nuevas situaciones. El Ciberespacio establece un nuevo paradigma, el Derecho del revés, en el que no es la Ley la que rige Internet, sino Internet el que rige el Derecho.
Internet no es un territorio exclusivo del ser humano. Los objetos físicos –vehículos, máquinas, electrodomésticos y demás– son cada día más capaces de conectarse entre ellos y también a la red, permitiéndoles crear, intercambiar o consumir información con la mínima participación humana.
Es lo que se llama Internet de las Cosas (IoT), y aunque muchos anuncian que se convertirá en la próxima revolución en nuestras vidas, su puesta a punto despierta muchas dudas, especialmente de carácter legal.
El smartphone fue el primero en llegar, y su irrupción puso patas arriba nuestra manera de vivir al conectarnos a Internet las 24 horas del día desde cualquier lugar. Una ventaja que saltó a otros sectores como el industrial, que hoy se beneficia de la red para vigilar su maquinaria a distancia, hacer mantenimiento predictivo de los equipos o mejorar la trazabilidad de los productos.
Una fuerza imparable que se irá diversificando con el tiempo y permitirá, por ejemplo, que nuestras neveras inteligentes detecten la evolución de consumo de nuestros alimentos y realicen por sí mismas los encargos a proveedores virtuales para que nunca falte nada.
Pero además de las ventajas que supondrá para nuestras vidas, el Internet de las Cosas impulsará la economía de innumerables maneras y mejorará todo tipo de procesos. Y todo ello con la información como principal riqueza, por su capacidad para captar un dato en bruto y convertirlo en información inteligente y explotable.
Y no un único dato, sino una infinidad de ellos como volumen exponencial de los millones de dispositivos conectados a Internet. Datos que habrá que almacenar, securizar y restituir para diversos usos.
Pero, ¿qué problemas y suspicacias levanta ya el Internet de las Cosas?
1. Falta de ciberseguridad. Todavía está por generalizar el principio de Security by Design, es decir, que a la hora de diseñar el dispositivo conectado a Internet (como una pulsera de monitorización de actividad, una cámara de videovigilancia o un sistema de calefacción de una casa) no se tiene como aspecto prioritario la seguridad. De hecho hay estudios que demuestran que es posible introducirse en la Red Doméstica del hogar conectado por WIFI a través del sistema de bombillas inteligentes. Con los datos extraídos se puede predecir cuándo estará la familia en casa y cuándo no, lo que podría poner en peligro la seguridad de nuestros bienes, la nuestra propia, si tal información se utiliza con fines maliciosos.
2. Pérdida de privacidad y protección de datos. Tampoco se encuentra extendido todavía el principio de Privacy by Design, esto es, tener presente la privacidad de las personas cuando se desarrolla el software de un dispositivo. A través de wearables, SmartTVs o los sistemas de navegación de los coches con acceso a Internet se recopilan numerosos datos personales. Sin unas políticas de estricto respeto a la intimidad de las personas, toda esta información podría ser utilizada con una finalidad distinta para la que fue obtenida, lo que podría suponer una intromisión en los derechos a la intimidad y a la protección de datos de sus usuarios como, por ejemplo, que un tercero conozca el estado de salud de otra persona y lo utilice en su contra, el espionaje de conversaciones confidenciales o comprometidas o la vulneración de la intimidad de alguien conociendo el punto exacto en el que se encuentra a través del GPS del coche.
3. Control remoto no consentido. La falta de conocimiento de lo que implica “estar conectado a Internet” supone que no se sea consciente del todo de lo vulnerables que pueden llegar a ser los dispositivos que tenemos conectados a la Red y que transmiten nuestra información. Una autentificación pobre por defecto y no cambiar las contraseñas suelen ser unas de las principales debilidades. Y esto puede dar lugar a situaciones como que se manipule el gasto energético (controlando el sistema de calefacción de la casa), se produzcan daños en aparatos electrónicos (manipulando su funcionamiento desde el panel de control) o la extracción de información sobre hábitos personales (accediendo a los datos de un wearable).
4. Necesidad de adecuación a la normativa de cada país y adopción de estándares. Por su parte, aquellas empresas que quieran utilizar soluciones IoTs tendrán que adecuar los dispositivos a la normativa de cada país que les sea de aplicación, adoptar estándares y respetar en todo caso las normativas sobre privacidad, protección de datos y seguridad de la información.
5. Ciberofensiva industrial. Cada vez se apuesta más por las llamadas “fábricas inteligentes”, la industria 4.0 o las ciberindustrias por las ventajas que suponen. Sin embargo, no poder invertir en un sistema de ciberseguridad fuerte podría suponer el acceso no autorizado a la Red de la ciberfábrica y modificar los procesos industriales, lo que puede tener consecuencias catastróficas si, por ejemplo, a través de dicho acceso se consiguiera paralizar la producción energética de un país.
Cada uno de estos puntos pone de manifiesto la necesidad urgente de sentar unas bases sólidas en el Internet de las Cosas que sirvan de garantía para los humanos. Y es que nuestros derechos y la seguridad de nuestros datos no pueden terminar donde comienza la conectividad de las máquinas. Un proceso muy complejo en donde el ciberderecho debería ser protagonista.
En un mundo profundamente normativo como el nuestro, donde el campo de acción de la libertad parece cada vez más reducido frente al empuje de todo tipo de normas (legales, sociales, fiscales…), Internet es para muchos ese lugar de recreo donde actuar sin límites.
Una disociación voluntaria de la personalidad que permite al usuario, a través de un avatar en la red, hacer y deshacer de manera completamente anónima y, por lo tanto, impune.
Pero ese anonimato es posiblemente la causa más frecuente de numerosos ciberproblemas que sí tienen consecuencias en nuestra vida real y que difícilmente se pueden perseguir hoy en día.
Las herramientas actuales y la forma en la que Internet está configurado hace que sea posible navegar por el 90% de las páginas web sin dejar un rastro que permita identificar de dónde procedemos o quién se esconde tras el dispositivo que navega y realiza acciones.
Y si bien es cierto que de un tiempo a esta parte han surgido elementos que desafían esta característica –como la necesidad de identificarse al realizar trámites con la Administración Pública en España introduciendo el DNI–, la única forma de seguir cualquier rastro nos remite a la dirección IP de la máquina, donde los proveedores de servicios (ISP) pueden llegar a identificar un lugar físico en un territorio como el origen de ciertas comunicaciones, siempre y cuando exista una orden judicial para investigarlo.
El tema del anonimato lleva presente muchos años en los principales foros de discusión acerca de Internet, con debates tales como la privacidad frente a la inseguridad, o el control frente a la libertad de expresión.
Pero hoy las cifras son lo suficientemente alarmantes como para darle un nuevo giro a la situación, con más de 80.000 delitos informáticos registrados al año en España y amenazas cada vez más comunes como el ciberacoso, las ciberextorsiones, la suplantación de identidad o el robo de dinero virtual. Y eso por no hablar de los derechos en jaque en el mundo virtual como la integridad moral, el honor, la intimidad, la privacidad de datos personales, la propiedad de bienes inmateriales, el secreto de las comunicaciones, la libertad y la paz social.
En ese contexto la supresión del anonimato en Internet parece inevitable si queremos lograr una convivencia pacífica entre usuarios, ciberogranizaciones y Estados.
Una solución viable sería abordar la creación de un sistema de identificación digital de personas que funcionase como matrículas o DNIs digitales.
Un código alfanumérico único e intransferible para cada persona que se integraría en el conjunto de protocolos de comunicación de Internet de forma que no fuera posible el acceso a la red sin contar con él.
Esta propuesta transformaría el conjunto de protocolos de conexión a Internet, pasando de TCP/IP a TCP/IP/ID, y lo más sencillo para su asignación, gestión y control sería hacer responsable de ellos a los Registros Civiles de cada Estado o ayuntamiento, que al igual que con los Números de Identificación Nacionales, podrían gestionarlo de forma centralizada.
De esta forma cada usuario que deseara conectarse a Internet tendría que hacerlo a través de su DNI Digital, y eso permitiría seguir su rastro en cada uno de sus actos y comportamientos virtuales. Un paso decisivo si queremos conseguir que nadie vuelva a beneficiarse de la ciberimpunidad que actualmente garantiza el anonimato en Internet.
La nueva era digital ha cambiado por completo la tipología de la información, y ahora una mentira puede viajar en un segundo a través del planeta con un problema añadido: hoy es el receptor el que debe dilucidar su veracidad. Algo que contrasta con el modelo tradicional informativo, en el que el periodista tenía la obligación de verificar los hechos y comparar los distintos puntos de vista garantizando una comunicación fidedigna.
Esta nueva ‘bacteria’ desinformativa ha sido bautizada como fake news, y ha irrumpido en las agendas de numerosos líderes políticos estas últimas fechas al comprender que se trata de un problema de máxima preocupación entre sus ciudadanos.
Así nos lo han hecho saber hace sólo unos días mandatarios mundiales como el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron, que han defendido a través de una carta en la prensa la necesidad de proteger el acceso a una información independiente, plural y basada en los hechos.
“La desinformación masiva en Internet aumenta y trata de orientar los debates, e incluso intervenir en las elecciones para falsear los resultados. En todas partes, los intereses particulares siguen controlando la información y, en numerosos países, el control político de la prensa y las amenazas contra los periodistas experimentan un empeoramiento significativo”, aseguran.
Y su preocupación está justificada, ya que el canal a través del que corren estos mensajes nocivos no es otro que Internet, Territorio Comanche en lo que a legislación se refiere, y que hoy por hoy deja circular con total impunidad el flujo de mentiras.
Esto es así porque seguimos con una visión excesivamente tecnológica de la información en Internet, donde sólo existen normas destinadas a proteger a las máquinas contra los códigos maliciosos que podrían dañarlas. Un punto de vista sin duda anticuado en plena invasión de ciberbulos y fake news, que a pesar de resultar inofensivos para las máquinas atacan las mentes de los seres humanos, y por lo tanto sus ciberderechos.
Si hace unos meses era Donald Trump el que amenazaba a Google por “manipular su algoritmo” dando prioridad a las noticias negativas sobre él y su mandato, hoy Trudeau y Macron se posicionan para encontrar el modo de defenderse ante los ataques de información no fiable en Internet.
Todo un paradigma, ya que los estados tienen una completa falta de soberanía en el mundo virtual, no pudiendo regular los sucesos inmateriales que allí suceden. Pero eso no impide que busquen la manera de levantar barreras y defensas para cualquier elemento nocivo que se cuele entre sus fronteras físicas a través del universo cibernético.
Y con las fake news no les falta razón, ya que este contenido malicioso que ataca los cerebros no respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos a recibir y emitir información fiable.
Pero un gesto necesario como este puede suscitar mucha polémica entre un gran colectivo de usuarios que ven cualquier tipo de control en la red como una forma de censura y exigen que Internet permanezca completamente libre.
Una visión inocente de la situación, ya que frente a contenidos maliciosos que perjudican la salud mental y la integridad moral del usuario debe imponerse una regulación amparada por las leyes y los jueces según las reglas de un estado democrático de derecho. Y quienes digan que es censara: ¿acaso les parece extraño que en Netflix no se emita pornografía infantil ni veamos cómo degollan a una persona en directo?
Mi opinión es clara: dejemos que el estado tenga la legitimidad que le da el pueblo para decidir aquello que desean recibir y no recibir los ciudadanos en su país a través de Internet.
Desde la aparición de Internet en nuestras vidas allá por 1983, el vasto territorio virtual se ha ido poblando a una velocidad de vértigo. Y aunque el mapa de este nuevo universo nos pueda parecer abstracto, las diferencias con el mundo real están muy claras.
Un individuo que entra en un país se somete automáticamente a las leyes de su territorio, pero como el ciberespacio carece de espacio físico, el Principio de Territorialidad no puede aplicarse en él. Por ello en Internet no existe un poder legislativo que promulgue leyes de obligado cumplimiento –ya que no existen territorios diferenciados que regular–, ni tampoco uno que dicte normas para todo el ciberespacio y sus usuarios de una manera uniforme y total.
Internet no ha sido declarado como bien o lugar público, y por ello los gobiernos no tienen soberanía alguna. En su lugar los grandes sitios y lugares virtuales como Facebook (2.196 millones de usuarios), Youtube (1.900 millones de usuarios) o Instagram (1.000 millones de usuarios) se han formado como verdaderas islas o enormes ciberestados gobernados por normas de carácter privado.
Al entrar en cada uno de ellos, los ciberciudadanos aceptan voluntariamente, pero sin gran conocimiento, las condiciones que fijan sus reglas de convivencia. Y suele ocurrir que un internauta, en un corto intervalo de tiempo y sin saberlo, visite en el ciberespacio dos lugares con reglas completamente antagónicas.
Eso provoca una paradoja de ciberlimbo legal: y es que en situaciones de un mismo conflicto –por ejemplo, la publicación de contenido intimo, sexual o información falsa (fake news)– unas islas permitirán dicha publicación y otras la prohibirán calificando el contenido como malicioso.
En ambas visitas subyacerá un nuevo principio jurídico que yo llamaría Principio de Virtualidad, donde el internauta acepta las normas privadas de ese lugar al igual que ocurre cuando aterrizamos en un país extranjero, con la única gran diferencia de que un país promulga leyes públicas debatidas normalmente en un Parlamento, mientras que estas islas aprueban normas privadas sin ser negociadas por terceras partes.
Convertidas en nuevas fuentes del derecho en Internet, las ciberempresas que constituyen las islas son en muchos casos parte de los problemas que se dan en la red. Y si ellas mismas son las que dictan las reglas, es muy posible que se aprovechen de la situación y se ubiquen en una posición ventajosa frente a los internautas. De este modo interpretarán sus propias normas en función de sus intereses y el impacto reputacional que tengan entre sus usuarios.
En esa situación se plantea un dilema: ¿es ético que sean fuente de derecho las propias organizaciones inmersas en el conflicto? ¿Es justo que actúen como juez y parte y tengan la facultad y el poder de resolver los problemas sin la intervención de un tercero independiente a dicho conflicto? ¿Dónde queda la seguridad de los usuarios si la justicia no es imparcial?
En el entorno privado de las islas virtuales el tuerto (la empresa, el aristócrata al mando) es el juez. A mi entender, más tarde que temprano, estos enormes conglomerados web deberán acordar con sus clientes unas condiciones que sean justas, o de lo contrario correrán el riesgo de quedar deshabitadas. La solución pasa por resolver los ciberproblemas en la propia red, con cibernormas y cibertribunales que estén incluidos en el código o protocolo de Internet y que afecten por lo tanto a todas las ciberislas por igual.
Un caso muy similar al que ocurrirá muy pronto con los automóviles autónomos, que deberán tomar decisiones sin intervención humana basadas en la programación de un código desarrollado por seres humanos y mejorado por Inteligencia Artificial.
La creación de este código, que debería ser redactado en consenso con los ciberciudadanos, es un paso necesario para crear un entorno ético en Internet. Uno cuya justicia sea impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos independientemente de la identidad, el dinero o el poder de las partes. Una justicia imparcial como la que pretendemos tener en el mundo real.