La revolución de internet y su cambio de paradigma ha creado nuevos conflictos sociales en un nuevo mundo llamado ciberespacio.
En este nuevo mundo virtual, global y carente de fronteras, el poder judicial ve acotado su eficacia y legitimación, lo que ha provocado nuevos intentos del Legislador por aprobar normas que intenten poner orden jurídico y así hacer prevalecer su poder.
Un claro ejemplo de estos intentos lo encontramos en los artículos 282, y 588 quinquies, sexties y septies del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que crea la controvertida figura de los ciberpolicías.
¿Qué supone esta figura y qué fin persigue?
Con la aprobación de esta norma, los ciberpolicías pasarían a ser los funcionarios que, habilitados por normas territoriales con rango de Ley, realizarían controles de ciberseguridad en internet, como por ejemplo, vigilancia pro activa o actuaciones reactivas y defensivas, para mantener el orden civil, evitar ciberconflictos y mitigar riesgos. En definitiva, intentar conseguir una mayor seguridad en el ciberespacio.
Por lo tanto, la aprobación de esta norma persigue un fin claro: los controles de seguridad en Internet.
Además, para mayor controversia la policía comenzaría a utilizar herramientas tecnológicas para la defensa-ataque cibernética. De esta forma nacerían las ciberarmas.
A este respecto cabe recordar, que el arma convencional se puede definir como una herramienta que amplía la fuerza para causar un daño, o como un instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse.
Siguiendo esta definición, las ciberarmas se podrían definir como «las ciberaplicaciones utilizadas para atacar y causar un daño cibernético» o como ciberherramientas de defensa. En este sentido, la LECrim ha señalado lo siguiente:
Art. 588 septies a. 1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos:
Y como la seguridad se debe entender como la carencia de riesgo y el riesgo como la posibilidad de que suceda un daño, lo importante no son solo las armas sino el uso de las mismas. Por eso se dice que la seguridad no es un producto sino un proceso, donde lo importante es la aplicación de servicios de control que ayuden a mitigar los futuros riesgos. Y precisamente eso es lo que hacen los ciberpolicías, prestar servicios de control y vigilancia de seguridad públicas.
De ahí que la LEC pretenda seguir el mismo símil y legitimar el uso de ciberarmas en manos de ciberpolicías que realicen actividades de cibervigilancia en internet, para así asegurar y evitar posibles daños a los ciberciudadanos.
Sin embargo, esto provoca necesariamente diversas e importantes cuestiones jurídicas de gran calado social ¿Qué ámbito y a quien se quiere proteger? ¿Quién controla a los ciberpolicías? ¿Qué habilitación y ordenación jurídica se pretende conseguir con la LECrim?
Todas ellas requerirán, a mi entender, un mayor estudio, divulgación e implicación de distintos actores. Entre ellos, debería implicarse al poder ejecutivo, judicial, a los abogados, sociólogos y economistas especializados en nuevas tecnologías, para profundizar y discutir cómo esta loable finalidad normativa puede afectar a otros derechos fundamentales y libertades.
O sin embargo, y para que el Derecho continental no vaya por detrás de la revolución tecnológica, estos “agentes sociales” deberían comenzar a estudiar nuevos bienes jurídicos inmateriales y globales, a ordenar en el ciberespacio, como la ciberlibertad o ciberprivacidad.
Álvaro Écija (@Alvaro_ecija)
Managing Partner at Ecix Group (@EcixGroup)
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