noviembre 2, 2016 / Ciberderecho / No Comments »

Es curioso ver cómo Google interpreta de forma antagónica sus propias normas según le convenga en cada situación.

A raíz de la reciente noticia de que un niño de 12 años había recibido una factura de 100.000 euros intentando convertirse en youtuber (ver enlace: Un niño alicantino gasta 100.000 en Google sin darse cuenta intentando convertirse en un ‘youtuber’ famoso) Google ha actuado interpretando de forma contradictoria sus propias normas de uso.

En un principio intentaron cobrar la factura de la forma habitual, pero a raíz de que la noticia saltara a todos los medios de comunicación, y con motivo del escándalo reputacional que se avecinaba, la compañía ha decidido ser benévola y le ha concedido el indulto al día siguiente.

En este curioso y notorio cibercaso sucede algo que me gustaría destacar:

Las grandes Islas Normativas, como Google, Apple, Amazon, Twitter, o Instagram suelen interpretar sus normas teniendo en cuenta el impacto reputacional que las decisiones (en este caso las sanciones) pueden tener en su público objetivo, y no de forma estricta.

En un principio y en una valoración rápida, esto nos puede parecer justo. En una sociedad donde todo va regulado y el consumo de información también, esta flexibilidad puede ser algo necesario y habitual.

Pero haciendo una reflexión más en profundidad se puede llegar a pensar que no parece ético.

¿Por qué?

Porque las valoraciones de una norma general no pueden depender de un resultado que solo beneficie a los intereses reputacionales y públicos de parte del conflicto, en este caso, de la parte que ostenta el poder.

Esto va en contra del sentido normativo de la propia norma.

Las normas sancionadores no pueden interpretarse dando dos resultados diferentes a casos similares. Si la víctima hubiese sido un mayor de edad, o incluso un usuario mayor de 14 años, seguramente el caso se habría interpretado de forma diferente, y se le habría cobrado la factura.

¿Donde queda entonces la seguridad de los usuarios? ¿Cómo sabemos cuándo se van a aplicar unas normas y cuando otras?

Estamos ante una situación que claramente carece de ciberética.