FaceApp, ¿Un problema de privacidad o de cibersoberanía?

FaceApp es una aplicación para móviles que retoca las imágenes de los usuarios: envejece o rejuvenece las caras, las blanquea, pone una sonrisa a quien está serio, e incluso cambia el género de la persona que aparezca en la foto.

La aplicación se lanzó en Enero de 2017, y no hace nada nuevo que no hagan ya cientos de aplicaciones en todo el mundo, pero se ha hecho viral estas últimas semanas debido a 2 motivos:

  1. Ha mejorado mucho su sistema de envejecimiento virtual y ha llamado la atención de los usuarios e influencers, que la han viralizado en todo el mundo.
  2. Algunos expertos han advertido de los riesgos que supone su uso para la privacidad de los usuarios, y estas advertencias han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación.

Los servidores de FaceApp se encuentran en Rusia (fuera del control del RGPD) y la política de privacidad indica que los datos pueden ser cedidos a terceros y el usuario puede perder el control de la propia imagen, y aunque la empresa ha emitido un comunicado por el que se defiende de las críticas, sigue estando en el punto de mira de los expertos, que no dejan de pedir a los usuarios que dejen de utilizarla.

De hecho en el senado de EEUU, ya se han registrado solicitudes al FBI y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que inicien una investigación «por motivos de seguridad y privacidad» en ese país.

Lo cierto es que ante una situación así, los gobiernos como el de EEUU no tienen poder para poder frenar la llegada de FaceApp o cambiar sus reglas de juego, porque FaceApp es una aplicación que se encuentra en internet, y la mayoría de los Estados en internet no tienen soberanía.

Poco a poco algunos Estados van dando pasos para obtener poder en Internet, como por ejemplo España, que desde finales de 2018 declara en el art. 79 de su Ley Orgánica de Protección de Datos que «los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet», situación que se refuerza también en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, pero aún así todavía faltan los tribunales y un sistema similar al del mundo físico en la red.

Internet no ha sido declarado como bien o lugar público, en su lugar los grandes sitios y lugares virtuales como FaceApp, Facebook, Youtube o Instagram se han formado como verdaderas islas o enormes ciberestados gobernados por normas de carácter privado.

Convertidas en nuevas fuentes del derecho en Internet, las ciberempresas que constituyen las islas son en muchos casos parte de los problemas que se dan en la red. Y si ellas mismas son las que dictan las reglas, es muy posible que se aprovechen de la situación y se ubiquen en una posición ventajosa frente a los internautas. De este modo interpretarán sus propias normas en función de sus intereses y el impacto reputacional que tengan entre sus usuarios.

Al usar la app, e introducirse en cada isla, el internauta acepta las normas privadas de ese lugar (como por ejemplo la cesión de sus imágenes) al igual que ocurre cuando aterrizamos en un país extranjero, con la única gran diferencia de que un país promulga leyes públicas debatidas normalmente en un Parlamento, mientras que estas islas aprueban normas privadas sin ser negociadas por terceras partes.

Si surge un problema, como por ejemplo el abuso de posición de poder de la App, el único juez que puede decidir sobre las reglas de juego es la propia empresa que controla la aplicación. En esa situación se plantea un dilema: ¿es ético que sean fuente de derecho las propias organizaciones inmersas en el conflicto? ¿Es justo que actúen como juez y parte y tengan la facultad y el poder de resolver los problemas sin la intervención de un tercero independiente a dicho conflicto? ¿Dónde queda la seguridad de los usuarios si la justicia no es imparcial?

El caso de FaceApp no es más que otro caso donde se demuestra que las leyes, los Estados y los tribunales se deberán adaptar a las nuevas situaciones. El Ciberespacio establece un nuevo paradigma, el Derecho del revés, en el que no es la Ley la que rige Internet, sino Internet el que rige el Derecho.