Un país debe definirse a efectos de este post como un territorio o región con características geográficas propias, delimitadas por unas fronteras.
Como ya hemos contado en numerosos posts anteriores, el ciberespacio carece de espacio físico y por ello el poder legislativo y el poder judicial ven limitados su legitimidad, eficacia y poder real por razones obvias de falta del principio de territorialidad.
Pero en el ciberespacio si existen miles o millones de sitios web, que me gustaría definirlos como lugares virtuales que pueden llegar a constituirse como islas, e incluso los muy grandes, como propios estados virtuales o ciberestados.
¿Qué esta ocurriendo en el ciberespacio? El ciberespacio no ha sido declarado un bien o lugar público, esto esta produciendo que los grandes sitios y lugares virtuales se estén formando como verdaderas islas o ciberestados, gobernados por normas de carácter privado.
Veamos ejemplos: Facebook, Instagram o Google son un claro ejemplo de ciberestados compuestos por millones de ciberciudadanos o internautas. Las fronteras que conforman estas islas o ciberestados están ordenadas por normas privadas que se suelen llamar condiciones generales del sitio, avisos legales.. etc.
Los ciberciudadanos aceptamos voluntariamente, pero sin un gran conocimiento, estas condiciones que fijan las reglas de convivencias de ese sitio o isla. Esto provoca una paradoja, al menos curiosa, lo que yo llamo un ciberlimbo legal. Ante un conflicto por ejemplo de publicación de fotos de contenido íntimo o sexual, unos sitios permiten dicha publicación, y otros la prohíben.
Siendo esto así, suele ocurrir que un internauta, en un intervalo de tiempo de al menos 10 minutos en el ciberespacio visite dos lugares con reglas completamente antagónicas.
En ambas visitas a esos sitios o islas subyace un nuevo principio jurídico que yo llamaría Principio de virtualidad, donde el internauta acepta las normas privadas de ese lugar, al igual que ocurre cuando aterrizamos en un país extranjero, con la única gran diferencia de que un país promulga leyes públicas debatidas normalmente en un Parlamento, mientras que estas islas aprueban normas privadas sin ser negociadas con terceras partes.
En consecuencia se produce algo que nos hace pensar que algo no funciona en internet.
¿Os parece justo que quien es parte de un conflicto, sea juez y parte, y tenga la facultad y el poder de resolverlo sin la intervención de un tercero independiente a dicho conflicto?
A mi entender, mas tarde que temprano, estos ciberestados privados deberán acordar con sus clientes las condiciones más justas para todos, bastante diferentes a las actuales, ya que de lo contrario ante un grave problema de riesgo reputacional estos clientes abandonarán este ciberestado en búsqueda de uno más justo.
De ahí que deban pensar que no son únicamente ciberclientes con su intimidad como moneda de cambio, sino verdaderos ciudadanos que buscan al visitar en estas islas una navegación libre, justa y ética.
Un saludo,
Álvaro Écija (@Alvaro_ecija)
Managing Partner at Ecix Group (@EcixGroup)
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