El espionaje siempre ha existido y nunca dejará de existir, pero el espionaje masivo a los ciudadanos y a las empresas era una realidad al menos desconocida por la gran mayoría.
Al parecer, la NSA (National Security Agency) ha recopilado información masiva utilizando «puertas traseras» de los servidores de los grandes operadores de la industria de Internet como Google o Yahoo.
Esta actividad de recolección masiva de datos podría definirse como un claro ejemplo de Big Data. Pero, ¿qué podemos entender como Big Data en este caso actual? Y más importante aún ¿es legal el tratamiento de esta información?, ¿qué conflicto jurídico se plantea a partir de ahora?
La actualidad dibuja un claro caso de vigilancia electrónica en el que un organismo, la NSA, ha utilizado complejos sistemas informáticos para capturar, almacenar, procesar y analizar inmensas cantidades de datos. Lo podríamos llamar el «Big Data Brother».
Frente a la publicación de estas alarmantes noticias se encuentra una Unión Europea gobernada por diversos líderes políticos que no pueden o no quieren aprovechar la ocasión para, al menos, defender los derechos de sus ciudadanos europeos. Un ejemplo de ello es el retraso en la aprobación del futuro Reglamento de Protección de Datos.
A este destacado conflicto internacional hay que sumar el conflicto jurídico que subyace en la colisión de los llamados derechos a la privacidad y/o intimidad frente a la protección de los ciudadanos por parte de los Estados o seguridad nacional.
Los gobiernos están en su derecho de proteger a sus ciudadanos ante cualquier ataque del crimen organizado, pero ¿tienen legitimidad para hacerlo más allá de sus fronteras físicas? ¿pueden recopilar información personal de ciudadanos de todo el mundo? Y es más ¿existe proporcionalidad entre el fin perseguido (seguridad y defensa nacional) y el respeto a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos extranjeros?
Además hay que añadir las últimas informaciones que apuntan, no sólo a un caso de espionaje a ciudadanos, sino que existen indicios de espionaje empresarial y gubernamental a países amigos.
Cabe destacar que el espionaje industrial también se venía realizando de forma ilegal pero no se conocía que lo realizaran los gobiernos legítimos. De ser cierta esta información, se puede pensar que dicha actividad se viene realizando para dar ventajas competitivas a empresas americanas frente a destacadas empresas extranjeras, por ejemplo, en concursos públicos de grandes infraestructuras.
Y respecto al ciberespionaje a ciudadanos, cabe destacar la presunta vulneración de la intimidad personal y privacidad de los datos personales de ciudadanos extranjeros que no consienten el tratamiento electrónico de estos datos con fines desconocidos.
¿Y cómo podemos solucionar este colosal conflicto? A mi entender, el secreto está en la proporcionalidad y el cumplimiento o compliance de la normativa internacional. Parece desproporcionado que se tenga que «cachear» la información personal de millones para predecir y detener un delito antes de que éste suceda.
Si no queremos crear alarma social ni que se vulneren infinidad de derechos fundamentales por parte de los legítimos representantes del pueblo, regulemos dicha actividad e informemos a los ciudadanos, ya que seguramente la gran mayoría llegue a entenderlo.
El gobierno americano está en su derecho de proteger su estado. El fin que persigue es loable (defenderse de los ataques del crimen organizado) y seguramente los demás estados salen beneficiados indirectamente, pero éstas actividades de tratamiento informático de datos deberían seguir los cauces democráticos conocidos, como son el consenso internacional y la aprobación y divulgación de la pertinente normativa.
Álvaro Écija (Alvaro_ecija)
Artículo originalmente publicado en Expansión.
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